EEUU insiste en negarse a "facilitar" el regreso de un migrante desde El Salvador
El gobierno del presidente Donald Trump deberá dar explicaciones este martes a una jueza federal sobre por qué se niega a "facilitar" el retorno de un migrante deportado por error a El Salvador, un caso emblemático de su batalla legal para imponer una política migratoria radical.
La lucha contra la migración irregular es una prioridad para Trump, que quiere poner fin a lo que llama una "invasión" de "criminales procedentes del extranjero".
El presidente estadounidense acusa a los jueces de "usurpar" las prerrogativas del poder ejecutivo y obstruir sus planes.
El caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, casado con una estadounidense y padre de un niño de corta edad, se ha convertido en un símbolo.
Fue una de las más de 250 personas expulsadas a El Salvador el 15 de marzo por la administración Trump, la mayoría de ellas por su presunta pertenencia a la pandilla venezolana Tren de Aragua, a la que Washington ha declarado una organización "terrorista".
Están recluidos en el Cecot, una megacárcel construida por el presidente salvadoreño Nayib Bukele para combatir las pandillas.
El gobierno reconoció posteriormente que Ábrego García fue deportado por un "error administrativo", puesto que en 2019 una corte revocó permanentemente la posibilidad de expulsarlo a El Salvador.
Pero asegura que como está detenido en una prisión salvadoreña no está en sus manos traerlo. Además lo acusa, sin aportar pruebas, de pertenecer a la pandilla MS-13, que también declaró "terrorista".
Sin nombrarlo, el lunes por la noche Trump volvió a decir que es "miembro de una pandilla MS-13" y un terrorista extranjero".
Horas antes, en una reunión en la Casa Blanca con Bukele, este último descartó traerlo de vuelta porque, según él, tampoco "tiene el poder" de hacerlo.
Trump afirmó el lunes que le gustaría poder enviar a cárceles de El Salvador a delincuentes estadounidenses y que pidió a la fiscal general Pan Bondi que examine si es posible. Los expertos lo consideran ilegal.
Lo repitió el martes.
"Lo estamos estudiando y queremos hacerlo. Me encantaría hacerlo", comentó una entrevista con Fox Noticias, un programa en español. Pone así a prueba los límites de los derechos fundamentales de Estados Unidos.
- "Está vivo y seguro" -
"Este migrante ilegal salvadoreño, miembro de la MS-13, está exactamente donde debe estar: en su país en El Salvador, en centro de confinamiento de terrorismo", dijo la portavoz del Departamento de Seguridad Interior (DHS), Tricia McLaughlin, a Fox News el martes.
La semana pasada, la Corte Suprema confirmó el fallo de una jueza de un tribunal inferior que ordenaba a la administración Trump "facilitar" el regreso de Kilmar Ábrego García a Estados Unidos.
Esta jueza, Paula Xinis, solicitó el 11 de abril que le proporcionen el paradero y la situación del salvadoreño y le comuniquen las acciones tomadas o previstas para "facilitar su regreso".
La administración Trump se negó. Dijo que el "plazo" era demasiado corto.
La jueza mantuvo sus exigencias y solicitó un informe diario.
Este martes hay una vista judicial sobre el caso.
La administración Trump cumplió parcialmente, proporcionando el sábado una declaración escrita de un funcionario del Departamento de Estado que confirmaba por primera vez que "está vivo y seguro" en la prisión de El Salvador, conocida como Cecot. Está "retenido allí de conformidad con la soberanía" de ese país, añadió.
No dio información sobre las medidas adoptadas o previstas para su regreso.
El Ejecutivo hace una lectura singular del fallo de la Corte Suprema. Considera que el tribunal solo pide que "levante obstáculos internos que de otra manera impedirían que este extranjero regresara" a Estados Unidos.
Los abogados de Ábrego García acusan a la administración Trump de "vaciar de contenido" la decisión de la Corte Suprema. Para cumplirla, "debería al menos solicitar la liberación" del salvadoreño, escriben.
Trump y altos cargos de su gobierno cuestionan abiertamente la legitimidad de los tribunales.
Uno de sus asesores más cercanos en la Casa Blanca, Stephen Miller, denunció en la red social X la "tiranía judicial" y la "insurrección judicial contra la democracia" después de que una jueza impidiera a su gobierno revocar el estatus legal temporal de 532.000 migrantes cubanos, haitianos, venezolanos, nicaragüenses y cubanos.
W.Miller--PI
